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La formulación de políticas basadas en precios no mide las cosas que le importan a la gente

El gobierno por el precio se ha puesto de moda, no sólo en la economía sino también en las políticas públicas. Poner un precio a las políticas (midiendo en una unidad los beneficios para los grupos destinatarios y los costos que otros podrían soportar) proyecta un aura de objetividad y transparencia.

El objetivo es permitir a los responsables de las políticas elegir racionalmente entre diferentes formas de resolver el mismo problema: comparar diferentes problemas y sus soluciones políticas simplemente según su rentabilidad relativa en dólares o en alguna otra moneda. Una vez que todo se mide y se compara, es casi posible prescindir de la política.

El desorden de la política, con las interminables luchas por encontrar puntos en común entre objetivos inherentemente inconmensurables, puede convertirse en una simple hoja de cálculo entre la cual elegir la opción más rentable. El gobierno se está convirtiendo en un gobierno basado en etiquetas de precios.

Los mercados de tipo ideal, del tipo que sólo se encuentra en los libros de texto, sirven como modelo. La idea es que el comercio revela el valor de los objetos a compradores y vendedores y que, por tanto, el precio contiene toda la información relevante. Por supuesto, esto es cierto sólo en mercados eficientes: mercados sin costos de información y costos de transacción, donde no es factible ninguna transacción que beneficie a una persona sin perjudicar a otra.

La eficiencia de Pareto, como se conoce a este estado de equilibrio, es inalcanzable en el mundo real. Esta es la razón por la que, para la mayoría de los fines, se ha reemplazado por un simple análisis de beneficios netos. Siempre que los beneficios netos excedan los costos netos, vale la pena seguir una política. Pero medir todos los costos y todos los beneficios, y ponerle un precio a cada uno, es una tarea difícil. Para la mayoría de las actividades y recursos, los precios no existen o no son observables. Deben construirse activamente sobre la base de supuestos que son necesariamente incompletos o están sesgados a favor de la facilidad de mensurabilidad y que a menudo son completamente erróneos.

Falsas suposiciones

Incluso los mercados financieros, para los cuales se desarrolló por primera vez el paradigma de eficiencia, dependen de una infraestructura institucional de reglas de divulgación, agencias de calificación, análisis financiero, reguladores y supervisores para aproximarse a la eficiencia informativa. Aun así, toda esta inversión pública en estabilidad financiera no ha impedido la frecuente acumulación de burbujas y las crisis que las siguen como la noche al día.

Algo tan pequeño como una nueva información que previamente fue ignorada puede desencadenar una carrera hacia la salida por parte de suficientes inversores como para poner en marcha una espiral de precios a la baja. A medida que los precios caen, más inversores venden, y a medida que más ventas, más precios caen. Esta dinámica, en la que los precios son a la vez causa y efecto, sólo puede detenerse mediante una intervención pública que establezca un piso para los precios actuando como intermediario o prestamista de última instancia.

Incluso en las mejores circunstancias, el precio de los activos financieros contiene sólo información limitada sobre el activo subyacente. Como señaló John Maynard Keynes hace mucho tiempo, el precio de un activo refleja las creencias sobre el precio al que los inversores esperan venderlo en el futuro. Es como un concurso de belleza en el que quien predice quién será la persona más bella para los demás resulta ganador. No se trata de la belleza como tal ni del “valor fundamental” de la empresa económica que puso los activos en circulación.

Una organización empresarial puede ser menos compleja que una nación, pero también es una empresa compleja que es difícil de medir en una escala única. Las empresas alguna vez se organizaron para producir bienes o servicios para los cuales había cierta demanda. Originalmente, las corporaciones tenían que especificar un propósito para obtener el privilegio de constitución: operar como una persona jurídica separada que posee sus propios activos, contrata en su propio nombre y puede proteger a sus accionistas de la responsabilidad por sus operaciones.

Hoy en día, las corporaciones ya no se comprometen con un propósito específico; en cambio, su propósito es maximizar el valor para los accionistas. Como resultado, las corporaciones se han convertido en casas de moneda en las que los activos de las empresas se utilizan como garantía, los planes de recompra de acciones brindan a los accionistas liquidez a pedido y los costos laborales se reducen, excepto la compensación a los directores y funcionarios, cuyos incentivos deben alinearse con los de los accionistas por este modelo para funcionar.

cajeros automáticos corporativos

Convertir a las corporaciones en cajeros automáticos para los inversores ha producido cosas extrañas. Tomemos como ejemplo a Boeing Company, que fue noticia hace varios años cuando dos de sus aviones 737 MAX se estrellaron y nuevamente, más recientemente, cuando una puerta explotó en pleno vuelo. Después de los incidentes anteriores que dejaron cientos de pasajeros muertos, sus familiares desconsolados y aviones en tierra durante meses para controles de seguridad, los accionistas demandaron a los directores de la empresa. Pidieron cientos de millones de dólares en compensación a la empresa por no monitorear la seguridad del producto.

El litigio reveló que la junta directiva no había supervisado la seguridad de los aviones. La junta tenía un comité de auditoría y un comité de compensación, pero ningún comité de seguridad del producto. No existía ningún sistema de información para informar a los directores sobre las preocupaciones de los ingenieros sobre la seguridad de los aviones.

De hecho, la empresa había trasladado su sede de Seattle, su base de producción, a Chicago, su base de inversores, y luego a las afueras de Washington, DC, presumiblemente su base de cobertura política. Los directores pensaron que no habían hecho nada malo. Hicieron lo que les dijo su electorado de accionistas: maximizar el valor para los accionistas.

El Tribunal de la Cancillería de Delaware, que había respaldado durante mucho tiempo la maximización del valor para los accionistas, les reprendió: una empresa que produce aviones tiene la misión crítica de garantizar que los aviones puedan volar. No implementar un sistema de información y monitoreo que los alertara sobre problemas de seguridad equivalía a un incumplimiento de sus deberes fiduciarios.

(Cuando se le pidió un comentario, Boeing dijo que desde 2019 ha agregado miembros a la junta directiva con amplia experiencia en ingeniería y seguridad, ha creado un puesto de director de seguridad aeroespacial y ha establecido consejos que supervisan la fabricación y la calidad).

Boeing no es un caso singular. Otras empresas también han puesto en riesgo a sus clientes en busca de valor para los accionistas. Sin embargo, se han ignorado en gran medida las lecciones sobre el peligro de gobernar por el precio de las acciones en lugar de por el propósito. De hecho, los fondos de cobertura y los fondos de capital están intentando nuevamente extraer rendimientos financieros: el único valor que reconocen, cualesquiera que sean los costos para otros. Peor aún, el mecanismo de precios está convirtiendo también a la política y al gobierno en una máquina de fijación de precios.

Se da primacía a la estandarización, la medición y la construcción de precios sobre la deliberación, el razonamiento y el juicio. El ticker del mercado de valores y las tasas de crecimiento pueden decir algo sobre la economía, pero guardan silencio sobre sus efectos sobre el bienestar humano o el medio ambiente. Tienen aún menos que decir sobre la salud del sistema político y las relaciones sociales.

Mientras los inversores buscan refugios seguros para su dinero, los cuidados siguen siendo en su mayor parte no remunerados; el valor de la creatividad humana se determina en taquilla; la naturaleza se reduce a otra clase de activo más que puede explotarse para obtener dinero; y lo que queda de la comunidad es cosechado por plataformas digitales con fines de lucro. Estos son los costos sociales del mecanismo de precios, que no logra incorporar casi todo lo que importa a la gente.